El negativo e innecesario avance gubernamental sobre la Ley del libro
La Fundación El Libro, reconocida entidad que anualmente organiza el evento más grande relacionado con el movimiento comercial y cultural que sostiene y promueve la actividad editorial y literaria en nuestro país desde hace 50 años, hizo público un comunicado en el que manifiesta su preocupación ante la posibilidad que legislativamente pueda aprobarse una iniciativa con la que el gobierno nacional busca, bajo la reiterada prédica de la “desregulación”, eliminar la normativa que protege la existencia de la diversidad en la actividad librera, evitando la fuerte concentración en la actividad y la posible pérdida de miles puestos laborales. La Fundación El Libro manifestó su «profunda preocupación» y su rechazo al proyecto de derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera (Ley N° 25.542), al considerar que la iniciativa amenaza la diversidad editorial y la continuidad de las librerías independientes en todo el país. A través de un comunicado, el Consejo de Administración de la entidad sostuvo que la normativa «no constituye un simple mecanismo comercial», sino que representa «la columna vertebral» que garantiza condiciones equitativas de competencia, la diversidad bibliográfica y la supervivencia de las librerías en el territorio argentino. La institución remarcó además que la ley cuenta con el respaldo unánime de todos los actores de la cadena del libro, entre ellos editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos, quienes la han sostenido durante más de dos décadas como uno de los pilares de la actividad nacional se busca aprobar legislativamente, derogando la Ley del Libro. En ese marco, la Fundación destacó el rol de las librerías como espacios culturales que trascienden la venta de libros, al definirlas como «verdaderos faros culturales», ámbitos de encuentro democrático y de promoción de la lectura. Según la entidad, una eventual desregulación del precio del libro no aumentará la competencia, sino que dejará en situación de vulnerabilidad a los sectores más pequeños del mercado, como las librerías independientes, las editoriales de menor escala y los autores, al tiempo que favorecerá la concentración del negocio. «La cultura es un derecho fundamental», afirmó la Fundación El Libro, que convocó a todo el ecosistema editorial, a los lectores y a la sociedad en general a pronunciarse en defensa de las librerías. Finalmente, el Consejo de Administración se declaró «en estado de alerta» y ratificó su compromiso de impulsar todas las acciones necesarias para preservar «el capital lector y cultural de los argentinos». En General Rodríguez, escritores aglutinados en la filial local de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), sumaron sus expresiones de preocupación ante esta perniciosa iniciativa gubernamental, que nadie públicamente solicitó ni impulsó y que puede resultar sumamente perjudicial para la actividad literaria, librera, editorial y cultural, con muy amplios sectores laborales involucrados a nivel nacional a los que se les presenta un incierto panorama y la posibilidad de graves consecuencias para el normal desenvolvimiento de su actividad
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